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miércoles, 5 de junio de 2013

Pacífica corrupción


Leo en El País que ciertos documentos recientemente desclasificados de los archivos de oficiales británicos revelan como el Gobierno de su Graciosa Majestad se dedicó a sobornar con sumas de millones de libras a un montón de jerifaltes del franquismo para ganar sus voluntades contra la posibilidad de que España entrase en la segunda guerra mundial del lado del Eje. La lista de los generalotes en nónima del Foreign Office es tan abundante como sorprendente: Varela, Yague, Nicolás Franco (el  hermanísimo del Caudillo) Millán Astray, y hasta Kindelán, al que los archivos ingleses califican como “un chorizo” (o su equivalente en inglés, el artículo no especifica). Digo que la lista es sorprendente porque la percepción general que se suele tener del régimen franquista, y especialmente de los altos mandos militares que hicieron la guerra junto a Franco es que, aunque recalcitrantemente antidemocráticos y golpistas, aquellos señores, al menos, fueron honestos, hombres de palabra, incapaces de manchar su honra por el vil metal. Mas resulta que, de confirmarse estas informaciones (y no hay razón alguna para disputar su veracidad) en realidad se trataba de un atajo de corruptos dispuestos a vender su voluntad y sus ideales por la pasta depositada en un banco suizo.

Nos encontramos frente a una paradoja ética de lo más interesante: Es tal vez posible que el hecho de que España felizmente se librara de los horrores de la Segunda Guerra Mundial se debiera a la condición de corruptos de estos sujetos. Si no se hubieran dejado sobornar por esas enormes sumas de dinero, estos generales no se habrían dedicado a limar los ánimos belicistas de otros miembros del círculo de poder de Franco, y no habrían pues sorteado la casi inevitable alianza de España con la Alemania nazi.

No es este un episodio aislado en la historia política española. La corrupción  forma parte de la genética misma del ejercicio del poder en nuestra nación desde su misma formación. Corruptas hasta la medula fueron las monarquías de Austrias y Borbones, en las cuales los cargos públicos se vendían sin rubor, siendo luego la inversión recuperada por el ejerciente con extorsiones y robos a las arcas publicas. Corrupto fue también el ejercicio del poder durante el franquismo, como nos revela no solo este hecho del soborno inglés a los jerarcas militares sino, sobre todo, el sostenido contubernio durante décadas entre la jerarquía política del Régimen y las élites económicas del país. Claro está que durante la dictadura solo ciertos escándalos (tan notorios que resultaba imposible taparlos) salieron a la luz; pero el día a día del desarrollismo franquista navegaba sobre un mar de prebendas, informaciones privilegiadas, sobornos y negocios inconfesables.
Durante las primeras décadas de la democracia el tipismo de la deshonestidad se mantuvo tan vivo como siempre, gracias a manilargos tan bochornosos pero repetibles como Luis Roldán, el hermano de Guerra o Jesús Gil. Y así, hasta hoy en día, y sin solución de continuidad, la llama refulgente del mamoneo continua iluminando España, con la abrasiva quemazón de siempre.

Bien es cierto que esa tendencia multisecular de los dirigentes de mirar antes por el bolsillo propio que por el bien común  no es exclusiva de nuestro país. Lo que hace al caso español diferente del de otros vecinos europeos es seguramente la naturalidad misma de la corrupción. En España, durante 500 años, el que, teniendo poder no robaba, era tenido por tonto. Lo castizo ha sido siempre pillar y, si se puede, vivir del cuento. La picaresca, que no es sino el ejercicio de la corrupción a la escala de los pobres, ensalza ésta hasta límites casi heroicos.

Pero seamos positivos y optimistas: Hace setenta años la pudrición de la clase política nos libró de una guerra atroz. Así que yo no pierdo la esperanza: es posible que la trama Gurtel, el caso Urdangarin o el de los ERE nos traigan algo bueno. Aunque la verdad, por mucho que lo pienso no se me ocurre el qué.

(Fotos:  Luis Echanove)

martes, 13 de enero de 2009

La extrema derecha en España

Ayer un taxista me vociferó que el PSOE había puesto las bombas del 11 de marzo, que Aznar fue el mejor presidente de la historia de España, que los pobladores de Gaza son todos terroristas, que Ana Belén, la cantante, es una “comunista asquerosa” y que odiaba a la gente de izquierdas. Su aluvión incontinente y atropellado de críticas a diestro y siniestro, insultos, dogmatismo y faltas de respeto hacia todos los que no pensaban como él le delataban, evidentemente, como el típico ejemplar de personaje extremista, radicalizado y en el fondo contrario a la democracia como norma de convivencia. Era, en resumen, el típico ultraderechista. Conocemos el perfil: Sólo escuchan la COPE y leen la Razón, Rajoy les parece un blandengue y piensan que Zapatero es un masón vengativo que quiere promover el ateísmo, echarían a todos los emigrantes y piensan que España está en riesgo inminente de ruptura y caos generalizado.

En la mayor parte de los países europeos entre un cinco y un veinte por ciento (cuando no más) del electorado vota por opciones políticas de extrema derecha, tales como el Frente Nacional en Francia, el Movimiento Social Italiano o el Partido Liberal austríaco. En España, en cambio, los partidos de semejante signo político no obtienen representación parlamentaria alguna y sólo reunen a escasisimos miles de votantes. ¿Significa esto que en nuestro país casi no hay gente ultraconservadora o directamente neofascista? No veo ninguna razón por la cual España debería ser una excepción y carecer de un significativo segmento de la opinión pública de signo ultra. Asumamos pues, de una vez que, por triste que resulte, en la sociedad española, como en cualquier otra de su entorno, la extrema derecha tiene cierto peso. La explicación al porqué de esa ausencia de votos a partidos de extrema derecha en España está en que el votante radical de derechas se encuentra cómodo votando al Partido Popular.

Aplicando una sencilla regla del tres, resulta que al menos un cuarto de todos los votantes del PP son en realidad personas de extrema derecha: Supongamos que entorno a un 10% de los españoles si fueran franceses votarían al Frente Nacional pero en nuestro país votan al PP. El PP es votado más o menos por un 40% del electorado, es decir, por ese 10% de gentes de extrema derecha más un 30% de personas de derecha, centro-derecha o centro. Que uno de cada cuatro o cinco votantes del principal partido de la oposición sea sociológicamente ultra no es moco de pavo. Significa, entre otras cosas, que para retener dentro de sus filas a ese jugoso porcentaje de votantes, el Partido Popular debe continuamente hacer concesiones a la agenda política de la extrema derecha.

¿Os imagináis que los troskistas, los antisistema o los comunistas de la vieja guardia votasen al PSOE y conformaran una cuarta parte del electorado socialista? Evidentemente, eso no ocurre así porque a la izquierda del PSOE está IU, y todavía más a la izquierda, una plétora de partidos que, aunque extraparlamentarios, arañan varias decenas de miles de votos. En el caso de la extrema derecha, en cambio, los ultra radicales campan a sus anchas dentro de las filas (y de los cuadros políticos) del Partido Popular.

Personalmente yo preferiría que ese segmento social de la derecha radical, eternamente crispada, contase con su propio partido y que el PP se viera liberado de tales alforjas radicales. De este modo la agenda política de extrema derecha quedaría fuera de cualquier opción de gobierno, y no como ahora, que se agazapa dentro del Partido Popular. Muy probablemente la mayor parte de los votantes populares se sentirían más cómodos si tales extremistas salieran de las filas de su partido.